Declaración pública de Investiga uy ante la eliminación de vacantes científicas en la rendición de cuentas.

La Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay (Investiga uy), que nuclea a  1200 científicos de todo el país, expresa su profunda preocupación por las consecuencias que tendría la aplicación del Artículo 285 del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2025, según la propuesta del Poder Ejecutivo, en el desarrollo del sistema científico-tecnológico del país. 

El artículo asigna recursos al Ministerio de Desarrollo Social para fortalecer los dispositivos de atención a personas en situación de calle y establece, como mecanismo de financiamiento parcial, la supresión de una serie de cargos vacantes pertenecientes a distintos organismos públicos, entre ellos instituciones científicas, técnicas y culturales estratégicas para el país.

Atender la pobreza es una prioridad ineludible, al igual que sostener la ciencia, la tecnología y la cultura, que son herramientas fundamentales para reducir desigualdades y construir desarrollo. Priorizar unas, no debería significar desmantelar otras capacidades que el país tardó décadas en construir.

La medida compromete directamente el funcionamiento de pilares esenciales de la investigación pública:

• Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE): se eliminan 18 cargos presupuestados de investigadores/as, técnicos/as y personal de apoyo, 12 de esos cargos  fueron  incluidos en el presupuesto desde 2017 para regularizar contratos de trabajo precarizados, pero no han sido llamados. Esto ocurre en la víspera de su centenario y debilita de forma crítica el potencial de desarrollo y la capacidad de aporte a la solución de los problemas sociales del único organismo de la administración central dedicado con exclusividad a investigación en las biociencias.

• Ministerio de Ambiente: se anula la posibilidad de incorporar profesionales técnicos/as. Estos perfiles  son indispensables para la evaluación, control y diseño de políticas públicas frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y los conflictos ambientales.

• Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación: se restringe la contratación de personal especializado. La medida impacta la salvaguarda, el estudio técnico y la identidad histórica de la sociedad uruguaya.

La supresión general de vacantes aleja aún más a Uruguay del camino de alcanzar a destinar un mínimo del 1%  del PBI a Investigación y Desarrollo (I+D). Esta meta ha sido largamente reivindicada por la comunidad académica y argumentada en nuestro documento  “Desafíos en el Fortalecimiento del Sistema Científico”. 

La modernización del  Estado  exige ampliar, profesionalizar y sostener sus capacidades científicas y técnicas, no tratarlas como excedentes administrativos disponibles para financiar otras políticas. 

La ciencia no debe ser entendida como un gasto administrativo prescindible. Es un bien público y una herramienta de soberanía nacional, desarrollo, reducción de desigualdades y construcción de políticas públicas basadas en evidencia. 

Por lo antes expresado, solicitamos a los legisladores y las legisladoras revisar el Artículo 285 del proyecto en relación a la eliminación de vacantes relacionadas a la investigación y asesoramiento científico. Asimismo, solicitamos  abrir canales de diálogo parlamentario que devuelvan la sensibilidad presupuestal al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Comisión Directiva de Investiga uy